De las 260 solicitudes de amnistía, 152 están relacionadas con el paro de octubre de 2019. La Comisión de Garantías Constitucionales las tramitarán.
La lista es larga. 260 son los pedidos de amnistía que reposan en la Asamblea Nacional y que deberán ser tramitados por la Comisión de Garantías Constitucionales. Una vez que sean calificadas por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Los últimos en ingresar fueron de las diferentes organizaciones indígenas agrupadas en la Conaie. Solicitan perdón y olvido de las causas iniciadas en la justicia ordinaria.
Las solicitudes fueron entregadas el 15 de septiembre de 2021, tras una movilización que fue del parque El Arbolito hasta la sede de la Función Legislativa. En los listados están sus más altos dirigentes de agremiaciones, al menos 50 líderes buscan la amnistía.
Los pedidos provienen de la Conaie, Unión de Organizaciones Indígenas Cañaris del Soscal, Pachakutik, Federación de Comunas de la Provincia de Santa Elena, a las que se suman las del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y Acción Ecológica; esta última reúne 108 solicitudes de amnistía referente a la defensa de los territorios.
La mayoría de requerimientos es por presuntas infracciones que se habrían cometido durante las protestas de octubre de 2019, por la eliminación de los subsidios de los combustibles. En total son 152, de las 260 solicitudes de amnistía, que se refieren al paro de octubre.
Entre las cabezas visible están el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, el expresidente de la organización, Jaime Vargas, los dirigentes Severino Sharupi, Marlon Vargas, Yolanda Tiupul, Agustin Cachipuendo, José María Sarango, entre otros líderes de las diferentes comunidades. A ellos se suman también los nombres del dirigente del Frente Unitario de los Trabajadores, Mesías Tatamuez y Joaquin Chaluisa, dirigente de los trabajadores de la Salud.
Las acusaciones son múltiples. La Fiscalía abrió una investigación por 29 delitos como: daño a bien ajeno, paralización de un servicio público, ataque o resistencia, sabotaje, secuestro, robo, terrorismo, instigación, entre otros. En las solicitudes no se especifica en qué estado están los procesos, a pesar de que hay quienes sostienen que habrían infracciones que estarían por prescribir; sin embargo, desde la dirigencia indígena se cree que los procesos no se cerrarán y prefieren seguir con el proceso de amnistía.
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