Los consejeros tienen en sus manos el proceso de designación de ocho autoridades. Francisco Bravo responsabiliza a la presidenta Sofía Almeida por la demora.
Al pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) le corresponde, por mandato constitucional, llevar adelante los procesos de designación de autoridades; sin embargo, las designaciones están estancadas desde junio de 2021.
En manos del organismo ciudadano, al momento,
están ocho procesos de designación. Los titulares de la Contraloría, Defensoría Pública y Defensoría del Pueblo. También la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y de los Consejos Nacionales para la Igualdad.
Así como de los representantes de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa) y dos representantes de la Ciudadanía para la conformación del Comité Intersectorial Nacional de Desarrollo de Fronteras.
Los retrasos en el proceso de designación vienen desde hace tres meses, a pesar de que los reglamentos ya están elaborados y aprobados por el pleno, a excepción de la del Defensor del Pueblo.
En este último caso, la presidenta del CPCCS -el 24 de septiembre de 2021- presentó ante el pleno la moción que dispuso al Coordinador de Asesoría Jurídica del organismo sobre el proyecto de Reglamento para la designación de la Primera Autoridad de la Defensoría del Pueblo, sin que hasta el momento sea presentado.
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