La relación entre los políticos de Ecuador y los paraísos fiscales tuvo su punto de quiebre a principios de 2017, durante los comicios presidenciales que se llevaron a cabo ese año.
En la parte final de su mandato, el expresidente Rafael Correa posicionó la idea de que el país necesitaba un “pacto ético” que prohíba tener dinero o inversiones en el exterior en cuentas ‘offshore’.
A través de una consulta popular, el 55% de los ecuatorianos empadronados votó a favor de establecer esa prohibición, la cual se aplica para funcionarios públicos y candidatos de elección popular.
Cuatro años y medio después, el actual presidente de la República, Guillermo Lasso, así como sus dos antecesores, Lenín Moreno y Rafael Correa, tienen investigaciones abiertas en Fiscalía por supuestos nexos, directos o indirectos, con empresas ‘offshore’ o con operaciones en países considerados paraísos fiscales.
El presidente Lasso asegura que no ha incurrido en irregularidades y que para poder candidatizarse acató la normativa vigente. Cree que la investigación que realiza la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Garantías Constitucionales, intenta “circunvalar el procedimiento legalmente establecido para destituir a funcionarios que incumplan la Ley Para Aplicar la Consulta Popular del 2017”.
Fernando Cabascango, titular de esa mesa legislativa, insiste en pedir la comparecencia de Lasso, tras una primera ausencia. Esto, a pesar de que días atrás el propio Lasso dijera en televisión nacional que acudiría a la Comisión. “Preocupa que no asista, el país esperaba una respuesta”.
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