De los 119 presos asesinados, 33% era menor de 25 años y empezó a delinquir desde los 11. Esto muestra que el Estado debe invertir en rehabilitar a menores.
De los 119 muertos que dejó la masacre de la penitenciaría del litoral, 106 han sido identificados. Y es que, debido a la brutalidad del asesinato y el tiempo que tomó sacar los cuerpos de la cárcel, el nivel de descomposición hace más difícil el reconocimiento.
El Gobierno ha dado detalles sobre los muertos identificados. Por ejemplo, que el 33% eran menores de 25 años y que -en promedio- sus primeras detenciones fueron a los 11 años. La mayoría ligados a delitos asociados al microtráfico de drogas.
Mientras que desde los 15 años ya se los vinculó con delitos de asesinato.
Estos datos son una radiografía, no solo de que el sistema de rehabilitación social no da resultados, “sino de que no hay un seguimiento integral, para los menores cuando cometen sus primeros delitos”, dice la socióloga Marcia Donoso.
La Hora conoció que en el caso de los sicarios se forman desde los 12 años.
Niños sin rehabilitación
En Ecuador hay 404 jóvenes infractores con medidas privativas, que se encuentran internados en uno de los 11 centros que, a escala nacional, imparten medidas socio-educativas para que una vez cumplida su sentencia logren reintegrarse a la sociedad.
La violación y expendio de drogas son de las principales causas por las que un menor es sentenciado, hasta con ocho años de privación de libertad.
Vacíos en la ley
María Verónica Pólit, coordinadora del proyecto de justicia juvenil restaurativa de la Fundación Terre des Hommes- Lausanne (Tdh-L) en Ecuador, explica que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala que una persona menor de 18 años no puede dar consentimiento para mantener relaciones sexuales.
“Este es un tema que está en debate de manera importante en nuestra sociedad”, dice Pólit, quien resalta que todos los menores criminalizados son hombres.
Todo juega en contra
Dentro del sistema penitenciario existen factores que encienden las alertas para que una matanza, como la del 28 de septiembre de 2021, se repita: la filtración de datos y la guerra declarada de bandas criminales sobre ‘Los Choneros’.
Mediante un comunicado, la Policía Nacional informó –el 5 de octubre de 2021– que realiza las pericias a un audio, en el que un supuesto miembro de la institución llama a un preso para alertar de un allanamiento en la Penitenciaría del Litoral.
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