Es una paradoja. El sueco Ola Bini, programador y experto en encriptar dispositivos informáticos, activista de la privacidad de datos personales, está entre la espada y la pared. Una fotografía de entre los miles que guardaba en su celular aún es la prueba madre del juicio que enfrenta Ola Bini por supuesto acceso no consentido al sistema informático de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).
La ironía es que su IPhone no tenía varios escudos para encriptarlo, sino apenas una simple clave que fue descubierta por la Policía. En ese teléfono celular la Fiscalía encontró mensajes de WhatsApp que evidencian las preocupaciones de Bini, luego de la detención del hacker australiano, Julian Assange, en la embajada de Ecuador en Londres, el 11 de abril de 2019.
“Si alguien de la oficina pregunta sobre mí y Julian, por favor niega que tengo conexión, para no preocupar al personal”. Con ese mensaje, Bini pedía discreción a una colaboradora del Centro de Autonomía Digital (CAD), una fundación de software sin fines de lucro que él lideraba y fundó en Quito, según consta en el proceso judicial.
Ese día empezó el calvario de Assange y el viacrucis de su amigo Bini, apresado con horas de diferencia, en Quito.
Treinta meses después, Ola Bini está a la espera de la audiencia de juicio y se declara rehén del Estado ecuatoriano. La audiencia debió realizarse el 20 y 21 de octubre, pero fue suspendida por pedido de la parte acusadora: la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT.
El gerente actual de la CNT, Ralph Suástegui, no cumplía aún dos meses en el cargo para esa fecha. Fuentes de la empresa confirmaron a PRIMICIAS que la diligencia judicial coincidió con una emergencia suscitada en Cañar, por lo que CNT pidió al tribunal posponerla.
CNT es la acusadora particular en este caso, que también tiene a la Fiscalía como un actor preponderante desde el inicio de la investigación.
El supuesto delito que ambas entidades alegan es el acceso no consentido a un sistema informático del Estado ecuatoriano. El falso hacker ruso Bini niega los cargos e insiste, con su abogado, Carlos Soria, en que su único delito es ser amigo de Assange.
Las denuncias de persecución se basan en más de 100 supuestas violaciones al debido proceso identificadas por su equipo de defensa. De hecho, su caso arrancó atropelladamente, con información confusa y contradictoria que el gobierno de Lenín Moreno tenía sobre Bini, a quien inicialmente confundió con un hacker ruso.
fuente: Primicias.ec
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