El 15 de marzo, el presidente de la República, Guillermo Lasso, señaló que el incremento representaba un impacto de $ 4.000 millones.
El Gobierno anunció que los salarios de los docentes finalmente serán revisados y se incrementarán progresivamente, a la vez que reveló que el impacto presupuestario de este ajuste será de $ 500 millones anuales aproximadamente.
Esto, pese a que, en un conversatorio el presidente de la República, Guillermo Lasso, señaló el martes pasado que lo aprobado por la Asamblea en las últimas semanas, en particular la LOEI y el incremento, representaba como gasto no financiado un monto de $ 4.000 millones y que ocasionaría un déficit fiscal.
Lasso cuestionó la decisión del Parlamento. Sostuvo que en Ecuador el déficit presupuestario para este 2022 es de 2,3 % del producto interno bruto (PIB) y si a eso se incluye el aumento salarial para los profesores, que representa el 4 %, el déficit llegaría a 6,3 %. Además, con la “pretendida” derogatoria de la reforma tributaria que promueven algunos sectores legislativos de oposición se perderían ingresos de alrededor del 1 % del PIB, agregó.
En tanto, el régimen anunció esta decisión este jueves a través de un comunicado de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República.
“El Gobierno nacional reconoce la labor que los docentes realizan con nuestros hijos. Trabajaremos para incrementar progresivamente sus salarios, respetando la ley y revisando que se cumpla el debido proceso. Evaluamos la ley reformatoria que recibimos ayer de la Asamblea, la cual tiene un impacto presupuestario de $ 500 millones anuales aproximadamente”, informó la Secretaría, que aclaró que el Ejecutivo no recibió una solicitud de disponibilidad financiera para esta nueva propuesta.
Esto, después que, el 13 de marzo pasado, la Asamblea Nacional aprobó con 113 votos en segundo y definitivo debate ajustes a algunos artículos de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que fueron observados y suspendidos por la Corte Constitucional (CC) atendiendo a varias demandas de inconstitucionalidad.
En la norma original, que se aprobó en el anterior periodo legislativo, constaban cambios en el escalafón salarial para generar aumentos de sueldos y un esquema de jubilación anticipada con 25 años de aportaciones y no 30, como es el general.


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