Que uno de los galpones en los que se hallaron más de un millón de unidades de galletas y 400.000 coladas caducadas desde el 2017 estaba arrendado desde el 5 de septiembre de ese año a Pablo R. G., representante legal de la compañía Moceprosa S.A., pero que al no haber pago por casi tres años se inició un juicio de inquilinato en el que en marzo de este año se dispuso la devolución del espacio.
Esa es la versión de Mario Díaz, procurador judicial del propietario del galpón ubicado en el Parque Industrial de Riobamba. Esta semana, representantes de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), Fiscalía e Intendencia de Policía de Chimborazo hicieron el hallazgo.
Según Arcsa, ese lote hallado formaba parte del Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Ministerio de Educación.
Díaz sostuvo que su representado no sabía que allí se estuvieran almacenando los productos alimenticios caducados, que se limitó a arrendar el galpón por el que, según el contrato, debía cobrar $ 2.007 por cada mes.
Pero, añadió, como el arrendatario solo cumplió con el pago unos meses, se entabló el juicio, pese a que en una ocasión este ofreció que la cartera de Educación pagaría por los productos.
La causa la llevó la jueza de lo Civil Kerly Alarcón y el 11 de marzo del año en curso salió la sentencia en la que a más de la entrega del galpón se dispuso el pago de las pensiones locativas (montos de arriendo). Díaz contó que cuando se inició con la demanda la deuda era de $ 52.138,40, liquidación que se debe actualizar.
Relató que luego de aquello, el 26 de agosto, la jueza de lo Civil ordenó que con el depositario judicial se haga el descerrajamiento. Allí, añadió, se llevaron una sorpresa cuando vieron que en el interior del local había una gran cantidad de ratas, situación que hizo imposible el ingreso a dicho espacio.
Ante ello, comentó que se puso veneno para matar a los roedores y sanear el lugar. Luego de eso, con el depositario judicial y policías fueron a constatar qué había allí e identificaron los productos que llevaban el logotipo del Ministerio de Educación y del PAE.
“Al ver eso, dijo el depositario judicial, yo no puedo desocupar”, aseveró el profesional del derecho, y añadió que no se pudo hacer el desalojo porque la nave estaba con candado.
Hizo el llamado para que se haga una investigación rápida y urgente con el fin de que se conozca quiénes son los socios de la compañía que arrendaba el galpón, y para saber si el producto fue cancelado por el Estado, para lo cual deberá actuar la Contraloría.
Fuente: El Universo
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