Entrevista a María Elena García, especialista en Desarrollo Social del Banco Mundial.
Hay 85 millones de personas con algún tipo de discapacidad en América Latina y el Caribe. Un reporte reciente del Banco Mundial refleja los avances y los desafíos de la región en cuanto a políticas públicas con enfoque inclusivo.
Este 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, María Elena García, especialista en inclusión social, explica el impacto de las cifras y las oportunidades de cambio.
¿Qué avances y qué desafíos aún tiene la región en la inclusión de las personas con discapacidad?
Hay cambios positivos en la última década. Un ejemplo es la ratificación universal de la Convención de los Derechos sobre Personas con Discapacidad, que llevó a leyes sobre inclusión, accesibilidad y no discriminación. Además, hay un aumento de data desagregada para entender las barreras que enfrentan las personas con discapacidad. Sin embargo, aún falta por implementar muchos derechos adquiridos.
¿Cómo garantizar esos derechos y lograr un desarrollo inclusivo?
El punto de partida es entender que la inclusión beneficia a toda la sociedad. Estudios globales muestran que la exclusión de las personas con discapacidad puede afectar entre el 3 y el 7% del PIB; nos estamos perdiendo de un potencial enorme para crecer en nuestras economías. Son alrededor de 85 millones de personas con discapacidad en la región y 195 millones si sumamos a sus familias. Debemos pensar en reconstruir la región de una manera que nadie se quede atrás.
¿Y la agenda 2030 hacia el desarrollo sostenible?
La agenda muestra que no es suficiente combatir la pobreza, sino apoyar el crecimiento económico inclusivo. Eso requiere políticas focalizadas para entender las diferentes causas de exclusión. El reporte muestra que los hogares con personas con discapacidad son más pobres. Para llegar al 2030 tenemos que enfocarnos en esas causas de exclusión para llegar a un crecimiento inclusivo.
¿Cuál es el impacto de la pobreza en los hogares de personas con discapacidad, incluido Ecuador?
Siete de cada 10 hogares con personas con discapacidad son vulnerables a volver a caer en la pobreza en América Latina y el Caribe, y aún no hay data cuantitativa del impacto de la pandemia. En Ecuador, la tasa de pobreza en los hogares de personas con discapacidad es mayor en casi 3 puntos porcentuales si se compara con los hogares sin personas con discapacidad.
¿Y los avances en el acceso a la educación?
Antes de la pandemia ya teníamos una brecha importante. En la región las personas con discapacidad tienen 21 puntos porcentuales menos en cuanto a probabilidades de completar la educación primaria, en comparación con sus pares. En Ecuador esas cifras son del 32% para completar primaria, 25% para la secundaria y 7% para la educación superior.
¿Y el acceso al trabajo?
Hay una tasa importante en inactividad, asociada a que las personas con discapacidad han dejado de buscar empleo porque piensan que no se lo darán. Aproximadamente, una de cada dos personas con discapacidad, entre 18 y 59 años, está inactiva; en Ecuador, el 47% está inactivo frente al 30% de aquellos trabajadores sin discapacidad.
¿Cómo evalúa el impacto de las transferencias monetarias como parte de las políticas inclusivas?
Las transferencias pueden apoyar, siempre que vayan acompañadas de otros temas que ataquen la raíz de la exclusión. En Costa Rica, por ejemplo, hay avances importantes en el cierre de la brecha de la pobreza, pero cuando se analiza el riesgo de vulnerabilidad de caer en pobreza es del 9% comparado con aquellos hogares sin discapacidad. Es importante que las transferencias se apoyen en políticas que fortalezcan el capital humano, el acceso al trabajo y combate a la discriminación.
¿Qué recomendaciones da el informe para combatir el estigma que acentúa la exclusión?
Mientras los modelos mentales no cambien será difícil lograr una inclusión plena. Es necesario empezar por nosotros mismos y volvernos agentes de ese cambio y combatir los prejuicios que después pueden tener implicaciones importantes en la participación efectiva en la sociedad. Esto es una responsabilidad colectiva.
Fuente: El Comercio.
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